fernando dworak

Análisis Político

Enrique Peña Nieto: ¿un gobernante fallido?

Posted by on Jun 30, 2017

Enrique Peña Nieto: ¿un gobernante fallido?

A principios de septiembre de 2014 Enrique Peña Nieto parecía estar en los cuernos de la Luna. La prensa internacional hablaba del despegue de México. Los chistes sobre su carácter y presunta inteligencia que abundaron durante su campaña se limitaban a un grupo de sectarios. Se presumía el mejor marcador de iniciativas aprobadas ante el Congreso en sexenios a raíz del Pacto por México. Cierto, no salieron las normas más eficientes y algunas dejan qué desear, pero era lo factible al ser producto del consenso y el intercambio de agendas.

Pero un mal manejo de crisis tras el escándalo de la “Casa Blanca” y la tragedia de Ayotzinapa puso al gobierno en un crisis de credibilidad de la que difícilmente saldrá el resto del sexenio. Y en vez de dar golpes de timón, su capacidad de respuesta parece reducirse a realizar pactos con presídiums kilométricos y jerga del viejo régimen.

¿Podríamos llamar a la presidencia de Enrique Peña Nieto como “fallida”?  ¿Está fallando el presidente o un conjunto de reglas que se diseñaron hace muchos años para un México que ya no existe, y que arrojarán los mismos resultados sin importar quién detente el poder? ¿Es posible rescatar algo rumbo a 2018?

 

El desencuentro de origen

En las elecciones de 2012 hubo un desencuentro de origen entre ciudadanos y el Partido Revolucionario Institucional. El votante eligió a Enrique Peña Nieto en el entendido de que, si bien los priístas son corruptos, al menos inventaron las reglas del juego. Y el PRI pensó que su retorno le permitía gobernar como lo había hecho por décadas; todavía más si triunfó la oligarquía local más cerrada y hegemónica del país.

Si bien el gobierno se ha encontrado con una ciudadanía mucho más crítica y enterada a como era en 2000, falta que ambos se den cuenta de que se está jugando según reglas que caducaron hace décadas. Sin este conocimiento toda acción será ineficaz. Lejos de ello, el gobierno ha enfrentado su crisis aplicando las viejas fórmulas a un entorno radicalmente distinto. Cambiar esas reglas será un proceso gradual, incremental y permanente, sujeto a la prueba y el error, donde difícilmente los políticos hablarán claro de los cambios más asertivos, toda vez que implicaría perder márgenes de discrecionalidad.

Todos los países diseñan sus instituciones con base en las condiciones del entorno, entendido como características políticas, económicas, sociales, posición geográfica y otras. Al gobierno que crea e instrumenta estos cambios se le llama presidencia definitoria. Estas reglas no son eternas y siempre deben estar sujetas a la evaluación. Tarde o temprano se llega a un punto donde las viejas soluciones son inaplicables y se debe entrar en un proceso de redefinición: hablamos de una presidencia fallida. Las nuevas soluciones dependerán de los equilibrios y las inercias existentes: no hay innovación sin problemas de gobernabilidad inéditos y tampoco hay margen para cambios radicales.

Para ilustrar lo anterior, tomemos dos momentos definitorios en la historia de México, marcados por las constituciones de 1857 y 1917.

La Constitución de 1857 definió un nivel federal con atribuciones claras al contrario de la de 1824 y tenía el objetivo de instrumentar el ideario liberal. Se suprimió el Senado, pensándose que ayudaría a aprobar rápidamente las reformas. El cambio de sistema electoral cambió los ejes de poder de los pueblos a municipios y distritos, rompiendo con pactos locales preexistentes.

Sin embargo el sistema era inestable. Un Congreso unicameral era casi ingobernable. Las reformas tuvieron que negociarse a través de gabinetes sujetos a la confianza del legislativo. Las reglas electorales fomentaron pactos entre élites locales y nacionales a través de la creación y consolidación de maquinarias políticas verticales.

Una vez superadas las diversas guerras civiles y la intervención francesa (1857-1867), Juárez dedicó sus energías a restaurar el Senado. Las maquinarias políticas llevaron al conflicto entre facciones orientadas por caudillos hasta que permitieron hacia 1880 una gran coalición en torno a Porfirio Díaz: lo que conocemos como el Porfiriato.

El sistema creado en 1857 y que había encontrado su punto de equilibrio durante el Porfiriato entró en crisis por no saber renovarse. Díaz fue incapaz de tejer su transición. Se pueden considerar presidentes fallidos a Madero y Huerta: el conjunto de reglas había perdido vigencia y las soluciones que se aplicaban ya no eran eficaces.

El nuevo régimen se definió paulatinamente a través de alianzas entre los distintos grupos revolucionarios, y llegó a mostrar más continuidades que rupturas frente al sistema del Porfiriato. De acuerdo con el politólogo Jeffrey Weldon, el presidencialismo mexicano se distingue por cuatro características. La primera, un sistema presidencial definido en 1917. Segunda, la construcción de una maquinaria política hegemónica, que garantizara el triunfo electoral con la creación del Partido Nacional Revolucionario, después Partido de la Revolución Mexicana y hoy Partido Revolucionario Institucional. Tercera, la capacidad de imponer disciplina; lo cual se logró con la prohibición a la reelección inmediata de legisladores y autoridades municipales en 1933. La última característica son las atribuciones del presidente por las cuatro condiciones arriba descritas: las conocidas como facultades metaconstitucionales.

El sistema configurado entre 1917 y 1940 comenzó a entrar en crisis hacia mediados de los años sesenta del siglo pasado y todavía algunos de sus rasgos permanecen, aunque brindan cada vez menores condiciones de gobernabilidad y eficiencia. La razón: el régimen se diseñó para generar control a través de una estructura vertical, corporativista y autoritaria, no impulsando el desarrollo a través de la competencia o fomentando libertades.

Las instituciones se habían diseñado para ser débiles. Si la supervivencia del sistema consistía en la rotación permanente de grupos al interior del partido y todo se sostenía a través de la asignación de prebendas a leales, las leyes no escritas imperaban sobre las escritas. Si los tomadores de decisiones dejaban su cargo cada tres o seis años independientemente de su desempeño, todo comenzaba desde cero con cada mandato. Si nadie puede dar seguimiento a lo que acuerda, las soluciones usualmente se limitan a sortear la situación y apaciguar protestas preferentemente a través de la cooptación.

En breve, la gobernabilidad era resultado de un frágil equilibrio entre facciones en lugar de resultado de un diseño institucional asertivo. Aunque se han logrado avances importantes en el proceso de democratización y otras áreas, todavía persiste esta debilidad.

La administración de Peña Nieto corre el riesgo de ser recordada como una fallida en la medida que ha intentado aplicar políticas y soluciones que ya no sirven ante un país que cambió al menos desde que el PRI dejó el poder en 2000. Veremos tres ejes de esta crisis: el político, el económico y el discurso de la identidad.

 

El eje político

El régimen que surgió a partir de los años cuarenta del siglo pasado se basaba en el control vertical de las carreras políticas a través de la no reelección. Por eso el interés de tergiversar la frase “sufragio efectivo, no reelección”, que en realidad la había acuñado Porfirio Díaz contra Sebastián Lerdo de Tejada, en un tema tabú y un logro de la Revolución.

Un efecto de este arreglo fue desempoderar al ciudadano al grado de hacerle creer que la democracia dependía de liderazgos carismáticos y desinteresados antes que de individuos que participan y exigen cuentas. ¿Darle a la gente el poder para premiar o castigar a través de la permanencia del político en su cargo? La mitología que generó el régimen implantó la creencia de que esa atribución básica era indeseable.

La rotación obligatoria de élites permitía la extracción de rentas evitando la rendición de cuentas. En lugar de exigir, la ciudadanía creía que otra vez habían elegido a personas incorrectas pero que algún día vendría un nuevo grupo de hombres de Estado. Esta falsa expectativa ha llevado a continuos desencuentros con cada reforma electoral, abriendo cada vez más espacio a la demagogia.

A partir de 1963 las reformas político-electorales han abierto espacios a las oposiciones, permitido la rotación de partidos a nivel municipal, estatal y federal, diseñado instituciones electorales confiables y permitido la participación de candidatos sin afiliación partidista.

Sin embargo estos cambios también fomentaron partidos cerrados y poco competitivos gracias a un esquema de financiamiento primordialmente público, leyes restrictivas y sobrerreguladas y un modelo de comunicación política que no permite el contraste. Se puede comparar a nuestra normatividad electoral con una regulación de protección a un oligopolio: costos de entrada elevados, condiciones de competencia bajas y partidos y candidatos poco competitivos.

El hartazgo ciudadano se ha desplazado del PRI a los demás partidos y pronto incluirá a los candidatos independientes, toda vez que el problema no se encuentra en las personas sino en las reglas bajo las que operan. La restauración de la reelección inmediata de legisladores y autoridades municipales puede cambiar en el corto plazo esta dinámica, pero tomará un proceso de aprendizaje. Mientras tanto los procesos de selección de candidatos serán cada vez más competitivos al interior de los partidos políticos, abriendo la posibilidad de reacomodos importantes en nuestra élite política.

 

El eje económico

El régimen se había diseñado para controlar la vida política, económica y social del país a través del Estado, cuyas instituciones eran patrimonio del partido hegemónico. Las redes corporativistas existían para controlar a los sectores de la producción: la democracia interna hubiera desecho el pacto con el instituto político. Conforme el modelo de desarrollo perdía eficacia se optó por incrementar el control a través de prebendas en vez de optar por la liberalización.

Los empresarios debían aliarse con el régimen para progresar. De lo contrario eran sujetos de expropiación o trabas burocráticas, entre otras formas de boicot. La afiliación a cámaras era obligatoria hasta los años noventa del siglo pasado. Semejante entorno abría dos opciones para una persona emprendedora: prosperar en un capitalismo de cuates o entrar a la burocracia, pues a final de cuentas vivir fuera del presupuesto era vivir en el error como rezaba el adagio.

La cooptación y el reparto de prebendas era un mecanismo de control para grupos disidentes ante un Estado demasiado débil para imponer su voluntad conforme a derecho. El sistema sólo administraba conflictos, dejando que crecieran con cada ronda de negociación: como diría Adolfo Ruiz Cortines, que empujen los de atrás.

Aunque a partir de los años noventa del siglo pasado México ha abierto sus fronteras, los beneficios han sido escasos. Los monopolios y oligopolios públicos y privados impiden la entrada de nuevos actores. Las redes corporativistas inhiben el crecimiento y mantienen indicadores de competitividad bajos. Muchos grupos sociales tienen la capacidad de poner en jaque al Estado cuando ven afectados sus intereses. Tampoco parece haber un debate serio al interior del Sector Privado en profundizar la liberalización económica: pareciera que muchos empresarios están cómodos con el actual entorno. No es de sorprender que el crecimiento tras la apertura económica haya sido gracias a la maquila en lugar del desarrollo de empresas e industrias nacionales.

Estas condiciones dificultan y pueden llegar a poner en riesgo la adecuada implementación de las reformas estructurales que se aprobaron a principios de este sexenio, como la educativa. Ante la magnitud de los retos el gobierno ha preferido volver a la dinámica del acomodo, la repartición de cuotas y la cooptación, como se ha visto por ejemplo con los chantajes de la Central Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en varios estados.

 

El eje de la identidad

Ningún sistema político puede sobrevivir sin un discurso de identidad que le aporte legitimidad. Esto implica inculcar una noción de quiénes son los ciudadanos de un país, su origen común, qué elementos los unen y hacia dónde se dirigen colectivamente. Los mitos explican el orden social y facilitan la acción colectiva. El reto es elegir el tipo de narración que se adoptará, toda vez que moldeará las nociones que los individuos tienen de sí mismos y su potencial.

Durante los años cincuenta del siglo pasado se creó un discurso basado generar legitimidad a través de la fatalidad y la resignación: el Nacionalismo Revolucionario. Si la gobernabilidad era resultado de un arreglo cerrado y hegemónico donde todo cambio podía amenazar la estabilidad del sistema, era necesario infundir en la población una visión del mundo lo más retardataria posible, a través de uno de los pilares del régimen: el monopolio gremial de los maestros.

El mito fundacional: la violación de los españoles a las mujeres indígenas llevó al mestizaje y a una raza de personas sujetas por un trauma de origen a ser distintos al resto del mundo. Gracias a ello hemos sido víctimas del resto del orbe. Una víctima no es responsable de su situación o destino. Por lo tanto, si hay una naturaleza mexicana distinta a la humana, entonces nos debía gobernar un régimen que sería inaplicable en cualquier otro país: el PRI.

Dicho mito era refrendado por generaciones de intelectuales que hacían una nueva versión de la tragedia mexicana como ritual de iniciación. La literatura, la historia, el derecho y la ciencia política se convirtieron en herramientas de legitimación del régimen, donde se mostraba al PRI como la culminación de un proceso histórico iniciado desde la Independencia y reforzado por los liberales del siglo XIX, aun cuando no hay algo más alejado del ideario liberal que el sistema político mexicano, exceptuando al fascismo y al comunismo.

La apertura de nuestro país al mundo ha cuestionado esta visión, aunque el nacionalismo siempre corre el riesgo de resurgir en momentos de crisis. Sin embargo no ha habido un intento por impulsar un nuevo discurso. El Partido Acción Nacional dejó pasar doce años con el aparato de comunicación del Estado sin hacerlo. Y el gobierno de Peña Nieto olvidó que es una función primordial del Estado tejer este tipo de nociones para fundamentar la legitimidad.

Mientras tanto, Andrés Manuel López Obrador se expropió para sí al Nacionalismo Revolucionario, convirtiéndolo en pieza central de su estrategia de comunicación. Ningún otro partido se ha preocupado por ofrecer una visión de lo que representan sus propuestas para reconstituir un discurso de identidad. Por eso el discurso más atávico es el que parece llevar la delantera.

 

¿Qué sigue?

A lo largo de este sexenio la administración buscó aplicar viejas soluciones para nuevos problemas con distintos grados de éxito. Habrá servido en algunos ámbitos, pero en otros mostró su ineficacia. Además lució su mala capacidad de respuesta ante crisis, tanto operativa como mediática: en 12 años perdieron operadores con visión nacional y entraron grupos de poder locales que apenas imaginaron el grado de complejidad que enfrentaban. Esto es lo que hace ver al gobierno de Peña Nieto como fallido.

La misma situación la comparte el PRI. Ha perdido su discurso de legitimidad a manos de Morena y ha sido incapaz para tejer uno nuevo, lo cual abona al descrédito. Sus viejos operadores de campo mostraron sus limitaciones en las elecciones de 2016 y no parece haber cuadros emergentes que llenen el vacío.

Los demás partidos no están en mejores circunstancias. Las reglas electorales han creado una élite política poco competitiva, con liderazgos que basan su fortaleza en el control de carreras políticas en vez de seducir al votante con su visión del país. La capacidad de formar y promover cuadros es baja: hay pocos nuevos rostros. El PAN y el PRD parecen ganar gubernaturas a través de cooptar viejos cuadros priístas y entrar en alianzas que por sus propios méritos.

No es una sorpresa que destaque por default el partido con el discurso más atávico: Morena. Aunque las generaciones futuras posiblemente recuerden a López Obrador como el último líder de masas del Nacionalismo Revolucionario, es el único político que ofrece una visión clara de quiénes somos, lo que nos une y hacia donde deberíamos dirigirnos. Todavía más, su éxito se debe en buena parte al absurdo normativo que son las reglas electorales.

Se abren dos caminos a partir de 2018. El primero es la vía fácil: recaer en un sistema autoritario de corte presidencialista como el que teníamos en los años 70 del siglo pasado. No hay mucha sorpresa con un discurso basado en el Nacionalismo Revolucionario, soluciones simplistas aunque populares y la indefinición de una agenda por la amplia gana de intereses que aglutina el tabasqueño. En todo caso habría sorprendidos si elegimos este camino.

El segundo es complicado y difícil, aunque puede llevar a una mejor situación. El sexenio de 2018 – 2024 debería servir para aplicar y calibrar las diferentes reformas que se aprobaron a partir del Pacto por México. Hablamos de un conjunto de efectos esperados e inesperados que abrirán inevitablemente nuevas agendas a partir de la prueba y el error. Creo que la mejor regulación será la que apueste por las libertades del individuo.

A partir de ahí, si tenemos claro el objetivo y adelantamos lo más posible las agendas futuras, podremos construir instituciones más sólidas. Los dos siguientes sexenios serán el periodo de “hacer o morir” para México, y ningún político proveerá la hoja de ruta que necesitamos: deberá ser trabajo colectivo. Urge hablar en serio sobre agendas puntuales y estrategias realistas. Un diseño imperfecto con una ciudadanía asertiva puede llevar a la mejora. Un diseño adecuado sin ciudadanía lleva al deterioro.

¿Debería el actual gobierno bajar las manos, toda vez que tiene su credibilidad por los suelos? En realidad no. Al contrario, puede asumir que ya no tiene mucho que perder y tomar decisiones más riesgosas. Si juega bien sus cartas puede dejar un legado sólido. ¿Tendrá la capacidad?

1 Comment

  1. Excelente articulo. Una felicitacion a Fernando…

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