fernando dworak

Análisis Político

El “Fuero Constitucional” según Morena

Posted by on Sep 6, 2018

El “Fuero Constitucional” según Morena

La primera iniciativa que presentó Morena como futuro partido en el gobierno fue para eliminar el llamado “Fuero Constitucional”. Como otras que se han presentado en los últimos años, carece del conocimiento de qué se busca regular, por qué existe y sus posibles efectos. El riesgo de aprobar una reforma popular pero sin fundamento puede llevar al deterioro de nuestra aún frágil democracia.

Antes de analizar la iniciativa, conviene dar algunos antecedentes. El “Fuero” es un fantasma jurídico: nada sucede si se elimina su mención en el segundo párrafo del artículo 61 constitucional. Incluso la Suprema Corte de Justicia es errática para interpretar su carácter y alcances. En el siglo XIX esta expresión se usaba para dos prerrogativas que existen para garantizar la autonomía del órgano legislativo: la inviolabilidad y la inmunidad.

La inviolabilidad o libertad de palabra es la prerrogativa esencial para todo órgano legislativo: ningún legislador puede ser reconvenido por actos o declaraciones en el ejercicio de sus funciones. Algunos países la extienden a testigos que presentan evidencia ante el Pleno o comisiones y a los diarios oficiales. La restricciones existentes van a proteger sólo cuanto se dice en los recintos legislativos y que no aplica para difamar, calumniar, el libelo o incitar a la sedición.

La inmunidad sirve para proteger el quórum. Imaginemos que un gobernante quiera obstaculizar el funcionamiento del órgano legislativo, encarcelando diputados para que no sesione. Para evitar esto el presidente de la Mesa Directiva recibe la solicitud de procedencia, revisa la solidez de la acusación y con ese dictamen consulta al pleno si protege o no al acusado.

En todas las democracias la inmunidad ha sido objeto de abuso, por lo que se han restringido sus alcances para que no se convierta en patente de corso. Se pueden mencionar como acotaciones: solo proteger al legislador durante el periodo de sesiones, no aplicar en delito flagrante, invocarla para delitos que ameriten cárcel por periodos mayores a 2 ó 5 años según el país, o si el presidente de la Mesa Directiva toma más de 30 a 60 días para dictaminar, se considera al legislador entregado a la ley.

En México las prerrogativas se convirtieron en un estado de excepción por múltiples errores de diseño que se tomaron desde 1815. Nuestro sistema es disfuncional por varias razones. La primera, la Cámara de Diputados no sólo se declara por la protección de sus miembros, sino también por prácticamente toda la élite política federal y local, desvirtuando el objetivo de la inmunidad. Para delitos federales cometidos por políticos locales, la Cámara de Diputados levanta la inmunidad y los congresos locales ratifican la decisión, lo cual ha creado un doble punto de veto que favorece la impunidad. Tampoco se tienen acotaciones que existen en otros países. Para empeorar la situación, la Suprema Corte de Justicia ha definido que el titular las prerrogativas son los individuos y no las instituciones.

Por lo tanto, el reto regulatorio debería ser acotar las prerrogativas para que no generen abuso, tanto las iniciativas que se han presentado en legislaturas anteriores como la más reciente van por eliminar la declaración de procedencia, de tal forma que si enfrentan proceso puedan hacerlo desde sus curules. Se piensa que la sociedad ha evolucionado tanto que hace innecesaria esta protección. O que en todo caso una Fiscalía General eliminaría el riesgo de un uso faccioso de procedimientos penales.

Sin embargo esta propuesta impactaría negativamente en la gobernabilidad. Eliminar la declaración de procedencia haría que volviésemos al problema de origen: que se pudiesen usar los procedimientos penales para violentar la autonomía del órgano legislativo. Imaginemos que el presidente deseara forzar la aprobación de una iniciativa o detener una discusión acusando a los diputados o senadores por  cualquier cosa. Sin la protección de la Mesa Directiva, los  acusados entrarían en una espiral de desgaste personal en lo que se define o no la veracidad de la causa contra ellos, afectando también la credibilidad del Congreso. Sería una herramienta de presión y chantaje más eficaz que cualquier marcha o plantón.

¿Y los argumentos de los promotores de estas iniciativas? Toda democracia opera reconociendo el entorno de garantías, derechos y libertades que gozamos no es algo dado o definitivo: en cualquier momento las instituciones pueden entrar en una espiral de deterioro, y en estos escenarios las prerrogativas son su primera línea de defensa. Quien lo dude vea lo que pasa en países como Venezuela o  Estados Unidos y compare la solidez que tienen las instituciones de cada país para resistir los embates de un autócrata. Por eso ningún país elimina la inmunidad, aunque procuran acotarla para que no genere impunidad.

Por más expectativas que se tenga sobre la Fiscalía General, su mecanismo de designación sólo garantiza dos cosas: que estaría apoyado por la mayoría calificada del Congreso y los partidos que la forman, y que no le debería el cargo al sucesor del presidente bajo cuya administración fue nombrado. Cualquier otra expectativa sobre sus virtudes e intereses corresponde más al terreno de la fantasía, no del realismo político.

¿Qué plantea Morena en lo particular? En primer lugar pretende eliminar el “Fuero” que no  existe y crear la prerrogativa de inmunidad, que existe como se describió. Al contrario de iniciativas anteriores, los servidores  públicos que gozan de esta prerrogativa purgarían su condena al terminar su mandato. Dejemos a un  lado la posibilidad de fuga: ¿no es un despropósito tener en una asamblea a un legislador ya convicto, arruinando la imagen de la institución cuando el objetivo sería detener acusaciones con motivación política? Otro problema es que se conserva el doble punto de veto para funcionarios locales que se tiene hoy, facilitando la impunidad.

El desconocimiento del derecho comparado se observa al disponerse que los servidores públicos podrían ser juzgados aunque el delito que se les imputa se hubiere cometido con anterioridad a la asunción del cargo, cuando otras constituciones dejan claro que se protege al legislador de acusaciones hechas a partir del inicio de su mandato.

Por último, el procedimiento para retirar la inmunidad al Presidente es tan  complejo que sería mejor redimensionar el Juicio Político a  lo que es en otros países: un instrumento de control a manos del Poder Legislativo hacia los titulares del Ejecutivo y el Judicial.

 

¿Qué hacer?

Se presenta aquí una propuesta de reforma a la Constitución en materia de prerrogativas parlamentarias y juicio político, rescatando los criterios y experiencias internacionales.

Inviolabilidad: Se limita a lo que declaren los legisladores durante los actos parlamentarios, entendidos como aquellos que ocurren en el Pleno o comisiones. No se protegen las injurias, calumnias o llamados a alterar el orden público. El recinto parlamentario no es inviolable en la medida que se resguarda el funcionamiento del órgano legislativo de presiones externas.

Inmunidad: Se toman las acotaciones existentes en la mayoría de las democracias. Cada Cámara deberá declararse sobre sus miembros. La Suprema Corte de Justicia y órganos constitucionales autónomos podrán establecer mecanismos para proteger a sus integrantes de presiones políticas.

Juicio Político: se retoma su esencia, la cual es un instrumento de control político a manos del Poder Legislativo sobre el presidente y ministros de la Suprema Corte de Justicia. ¿Las causales? Como en Estados Unidos, lo que considere el Congreso. Si los diputados y senadores no pueden ser sujetos de control político, sí se define que pueden ser expulsados por la mayoría calificada de sus compañeros.

La propuesta de articulado es:

 

Artículo 61. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten durante los actos parlamentarios y jamás podrán ser reconvenidos, procesados ni juzgados por ellas. No se protegerán las injurias, calumnias o llamados a alterar el orden público.

El presidente de cada Cámara velará por el respeto de la inmunidad de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto parlamentario.

Ningún diputado o senador podrá, durante la duración de los periodos de sesiones, ser arrestado o perseguido por delitos cuya pena amerite encarcelamiento iniciados a partir de su toma de protesta, excepto con la autorización de la cámara de la que es miembro, salvo en casos de delito flagrante.

Cada cámara podrá expulsar a alguno de sus integrantes por el voto calificado de las tres cuartas partes de los miembros presentes.

 

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político el Presidente de la República, los secretarios del despacho y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Se deroga.

 

Artículo 111.La Suprema Corte de Justicia, el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Banco de México definirán sus procedimientos para resguardar la inmunidad de sus integrantes.

Se deroga.

Se deroga.

Se deroga.

Se deroga.

Se deroga.

Se deroga.

Se deroga.

Se deroga.

Se deroga.

 

Artículo 112. Se deroga.

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